“La prisión preventiva oficiosa vulnera derechos fundamentales”, señaló David Peña Rodríguez, abogado defensor de derechos humanos, al criticar la ampliación de delitos que ameritan esta medida en México. Para él, la política afecta mayormente a sectores vulnerables y contradice estándares internacionales.

El caso de Daniel García, quien estuvo 17 años en prisión sin sentencia, resalta los daños de esta práctica. La Corte Interamericana ordenó a México reformar su marco legal, calificando de inaceptable que se justifiquen violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de artículos constitucionales.

Peña consideró urgente replantear este modelo judicial. “Esta medida no desmantela el crimen ni reduce la impunidad; llena las cárceles de personas pobres”, aseguró. Además, enfatizó que cumplir con sentencias internacionales es clave para construir un sistema de justicia más justo y humano.