Después de siete meses de controversias y bloqueos, el Gobierno del Estado finalmente desistió de los juicios legales y publicó en el Periódico Oficial del Estado los decretos que formalizan las designaciones de los fiscales y del Auditor Superior del Estado. Esta acción sigue los acuerdos alcanzados el pasado viernes, cuando los diputados locales sostuvieron una reunión con el Tesorero Carlos Garza Ibarra.
Designaciones
Con esta publicación, se oficializan los nombramientos de Javier Garza y Garza como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo para el cual había sido designado por el Congreso desde el 18 de junio de 2024. También se ratifica a Javier Solís Ruiz como Fiscal Especializado en Delitos Electorales.
En cuanto a la Auditoría Superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil mantiene su puesto al frente del organismo, luego de la publicación oficial de su nombramiento.
Este proceso se da tras la decisión del Gobierno Estatal de desistirse de los litigios que había promovido en diversas instancias legales contra el proceso de designación, que había generado controversia desde su inicio.
En otro tema relacionado, el Gobierno del Estado también formalizó en el Periódico Oficial del Estado la reelección de Olga Susana Méndez Arellano como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien continuará en el cargo por un segundo período de cuatro años, hasta diciembre de 2028. Esta decisión ocurre luego de que el gobernador Samuel García vetara el acuerdo previamente aprobado por las bancadas del PRI y PAN en el Congreso Local, un veto que fue impugnado por el abogado Hernán Theriot mediante un juicio de amparo.
El acuerdo con la designación de Méndez fue finalmente ratificado este lunes, cerrando así un proceso de disputas legales y políticas que habían marcado los últimos meses.
Este conjunto de nombramientos se considera un paso importante para dar estabilidad a diversas áreas clave en el estado, especialmente en términos de la lucha contra la corrupción, los delitos electorales y la fiscalización del manejo de recursos públicos.
