Ante un debate en la Cámara de Diputados se aprobó, con 321 votos a favor, las listas de aspirantes a jueces, magistrados y ministros para la elección judicial que se celebrará el primer domingo de junio. El proceso, impulsado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, desató críticas de la oposición, que lo calificó de “cochinero” y lo acusó de ser una maniobra para beneficiar a los aliados de Morena.
La votación, que fue precedida por un acalorado intercambio de opiniones, tuvo como punto clave la abstención de la diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, quien optó por no participar debido a un conflicto de intereses. Su hija, Paula García Villegas, fue incluida en la lista de aspirantes a ministra, lo que llevó a Sánchez Cordero a evitar cualquier implicación en el proceso.
El resultado fue enviado al Senado, donde se integrarán los expedientes para luego ser remitidos al Instituto Nacional Electoral (INE) y continuar con el proceso electoral judicial.
¿Quiénes son los aspirantes?
En la lista aprobada figuran nombres destacados como los de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Cynthia Ortiz, Verónica Ucaranza, María Consuelo Rosillo, Francisco Luna, Raymundo Espinoza, Federico Anaya y César Mario Gutiérrez, quienes buscan ser nombrados ministros de la Suprema Corte. Además, se aprobó la lista de candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
El proceso de aprobación estuvo marcado por la rapidez con la que se presentó la lista, lo que desató las críticas de la oposición, especialmente del PAN, PRI y MC, quienes reprocharon la falta de tiempo para estudiar a los aspirantes. La diputada panista, durante su intervención, criticó la insaculación como una “tómbola morenista” y aseguró que la selección se había convertido en un simple juego de azar.
Por su parte, el vicecoordinador morenista, Leonel Godoy, defendió la metodología como un avance democrático frente al antiguo sistema de “cuotas para cuates”. Argumentó que la insaculación garantizaría un proceso más equitativo y transparente, permitiendo que los ciudadanos elijan a los integrantes del Poder Judicial.
El proceso continuó con fuertes confrontaciones en el Senado, donde la aprobación de 870 de los 1,416 aspirantes fue ratificada con 83 votos a favor y 38 en contra. Los senadores de Morena y sus aliados defendieron la transparencia y legitimidad del proceso, mientras que la oposición insistió en que el sistema había sido diseñado para controlar el Poder Judicial.
A pesar de las críticas, el oficialismo ratificó su postura de que la reforma judicial es necesaria para eliminar las viejas prácticas de corrupción y garantizar que el pueblo tenga voz en la elección de los miembros del Poder Judicial.
